Nueva Ley de Vivienda en España
El problema de la ocupación ilegal de viviendas en España es un tema que genera preocupación y debate. La falta de estadísticas precisas sobre el número de viviendas ocupadas contribuye a la incertidumbre en torno a esta problemática, que puede tener consecuencias significativas para los propietarios. La reciente entrada en vigor de la nueva Ley de Vivienda en mayo ha sido presentada por el Ejecutivo como un intento por contener las rentas, incrementar la oferta en zonas con alta demanda y proteger a inquilinos y pequeños propietarios frente a abusos por parte de grandes tenedores y fondos de inversión.
Esta nueva legislación ha planteado una serie de interrogantes, especialmente en lo referente a los requisitos para desalojar a los ocupantes ilegales, diferenciando entre pequeños propietarios y grandes tenedores. Además, se han generado preguntas sobre los derechos de los propietarios afectados por la ocupación ilegal de viviendas de acuerdo con la nueva Ley de Vivienda.
Plazos para llevar a cabo un desalojo legal
Una de las preocupaciones más destacadas se relaciona con los tiempos necesarios para llevar a cabo un desalojo legal. Los plazos judiciales para desalojar a los ocupantes ilegales varían significativamente entre las distintas Comunidades Autónomas de España, y en general, se ha observado un aumento en el tiempo promedio necesario para lograr una sentencia firme de desalojo, alcanzando incluso casi los dos años en algunos casos.
El tiempo que debe esperar un propietario en España para tener una sentencia que permita desalojar a los okupas de una vivienda está en máximos históricos. A cierre del año pasado, el plazo medio se ha quedado al borde de los 24 meses, sumando el periodo medio de los procedimientos de los Juzgados de Primera Instancia y los de las Audiencias Provinciales, en caso de recurso.
Los plazos para echar un okupa por CCAA
Más allá del promedio nacional, los plazos judiciales para poder desalojar a un okupa de una vivienda con una sentencia en firme difieren en función de cada CCAA, siendo Castilla y León y Murcia las que registran los periodos medios más largos; y Navarra y Aragón, los más reducidos.
Castilla y León es actualmente la región con el plazo más extenso, con más de 15 meses solo en el caso de los juicios verbales en los tribunales de Primera Instancia. Sumando los procedimientos de las Audiencias Provinciales, en caso de apelación, el tiempo total para echar a un okupa de una vivienda con una sentencia en firme alcanza los tres años, con 35,9 meses.
Cantabria, Galicia, La Rioja y Extremadura, por su parte, registran periodos medios cercanos al año y medio, mientras que las únicas tres CCAA con plazos medios totales inferiores a los 15 meses son Asturias (14,9), Navarra (14,2) y Aragón (13,5 meses). Por tanto, no hay ninguna región en España donde el plazo sea inferior a un año.
Nota: Este artículo hace referencia a la situación de la ocupación ilegal de viviendas en España y su relación con la nueva Ley de Vivienda, así como la disponibilidad de seguros de hogar para hacer frente a esta problemática. Los datos han sido obtenidos a partir de fuentes disponibles públicamente.
Soluciones que ofrecen garantías para aliviar esta situación
Sin embargo, afortunadamente, en el mercado existen pólizas de seguro de hogar que ofrecen garantías para aliviar esta situación:
- Los gastos judiciales y de representación con acompañamiento del asegurado durante todo el proceso destinado al asesoramiento, a la recuperación del inmueble y, en su caso, a la reclamación de daños y/o perjuicios derivados del allanamiento u ocupación ilegal.
- En caso de allanamiento de morada, el asegurado dispondrá de un alojamiento similar hasta el momento del desalojo o un máximo de 12 meses.
- Los daños producidos derivados del allanamiento u ocupación ilegal hasta el 100% del capital de continente y contenido asegurado, incluyendo los necesarios para acceder a la vivienda para su desalojo.
Esta problemática plantea desafíos significativos que requieren atención y análisis detallado, tanto desde el punto de vista legal como asegurador.
Ante la necesidad de asegurar adecuadamente este riesgo, se invita a aquellos interesados a ponerse en contacto para obtener más información en info@ramirorevuelta.es
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